CLAUDIO FUENTES *

Partidos en modo electoral, ciudadanía en modo constituyente

Partamos recordando la fábula del escorpión y la rana. Cuando se encuentran en el borde del río, el escorpión le pide amablemente a la rana si podía ayudarle a cruzar las aguas. La rana dudaba y dudaba pues este animalillo podría matarla con su poderoso aguijón. Pero el escorpión la convenció indicándole que cómo podría cometer tal acción pues significaría la muerte de ambos. La rana, confiada, aceptó llevar en espalda al escorpión. Ya sabemos el final de la historia: ambos terminan en el fondo del río pues el escorpión no pudo renunciar a su propia naturaleza.

Al observar la fauna política y social chilena vemos que ocurre algo similar. Se identifican dos dinámicas contradictorias que se enfrentan. La primera es la lógica electoral que enfatiza la competencia y fragmentación.  La segunda es la lógica de buscar la coordinación para llevar adelante el proceso constituyente. En este artículo detallaré cómo estas dos fuerzas han comenzado a ordenar los discursos y estrategias de los principales actores políticos y sostendré que, de imponerse la lógica electoral, se agudizará la crisis de representación por la cual atravesamos.

La dinámica electoral

El calendario electoral en el que estamos inmersos genera una serie de efectos relevantes que solemos soslayar. Múltiples analistas han indicado que la agenda estará sobrecargada de elecciones el próximo año, sin embargo, poco se ha dicho del efecto que provoca ello en los intereses de los actores, los debates políticos y el propio proceso constituyente. Indudablemente dicho proceso se verá afectado por la lógica electoral que nos acompañará por los próximos doce meses.

El ciclo de elección de autoridades parte el 29 de noviembre con las primarias para gobernadores y alcaldes. Luego, el 11 de enero se procede a la inscripción de candidaturas, y de ahí se desatan las campañas para gobernadores, alcaldes, concejales e integrantes de la Convención Constitucional. En mayo, podría darse una segunda vuelta de elección de gobernadores, y en julio se realizarán las elecciones primarias presidenciales. Luego parte la campaña electoral de la elección presidencial del mes de noviembre y que incluye senadores, diputados e integrantes de los consejos regionales. Termina el ciclo con la segunda vuelta presidencial en diciembre de 2021.

Cuadro 1

Calendario electoral 2020-2021

 

 

Entonces, ¿Qué consecuencias tiene esta inevitable dinámica electoral?

La disputa por el poderEl espacio público y comunicacional se inundará de debates, propaganda y acciones tendientes a acceder al poder local, regional y nacional.  Los partidos deberán cumplir con lo que mandata la ley para preparar este ciclo y que incluye elecciones primarias y presentación de candidaturas. A modo de ejemplo, la ciudadanía deberá ir a las urnas para elegir 16 gobernadores regionales, 345 alcaldes o alcaldesas, 2.240 concejales, 155 convencionales para el mes de abril, además de la elección presidencial, 27 senadores, 155 diputados y diputadas, y 294 concejeros regionales para el mes de noviembre. Solo para el mes de abril de 2021 los partidos y movimientos organizarán la presentación de más de 15 mil candidaturas para completar todos los cupos necesarios.

Lo anterior plantea un paradójico clima de opinión donde mientras a nivel social se aspira a debatir y resolver aspectos sustantivos de sus demandas, a nivel político (y eventualmente social) se ha generado una preocupación central por la competencia por el acceso al poder.  Para la sociedad resulta casi “anticlimático” estar conversando sobre candidaturas para alcaldes y presidenciales, pero las élites sociales y políticas ya están desplegadas para identificar candidaturas para poder acceder a tales espacios de representación.

La personalización de la política.  Resulta particularmente llamativo observar que todas las elecciones que involucran cuerpos colegiados (concejales, CORES, congresistas, convencionales) son de carácter nominal, es decir, la ciudadanía debe escoger a un o una representante específica dentro de una lista. Esta personalización de la política provoca que al momento de votar las personas busquen no las ideas o programas sino más bien los atributos específicos de una determinada persona. Existen, por ejemplo, sistemas electorales donde el electorado debe decidir por una lista general, lo que estimula el debate programático de listas y no una lógica centrada en los individuos que ocuparán los cargos.

La celeridad del proceso electoral.  En términos electorales las potenciales candidaturas tienen muy poco tiempo. Los partidos deben resolver las miles de candidaturas de sus tiendas políticas de aquí a dos meses. La campaña y despliegue territorial se realizará en medio de la pandemia y con el mes de febrero entre medio. De ahí que por ejemplo se estén adelantando las campañas de alcaldes y gobernadores pues para alcanzar algún nivel de reconocimiento en el electorado se necesita mucho más que dos meses (¡y con febrero entre medio!).

roblemas de identificabilidad. Esto nos lleva al siguiente problema que es la identificabilidad. Desde el punto de vista de los y las electoras, requerirá un esfuerzo de identificar a personas específicas (por ejemplo, “Vote por María González C14” para concejal) de un sinnúmero de listas que estarán compitiendo en 4 cargos diferentes.  La posibilidad de ser reconocido o reconocida entre decenas de candidaturas y en papeletas que tienen entre 30 y 60 nombres (para el caso de concejales y convencionales) es baja.

¿Cómo se resuelve entonces ese problema de identificar en un mar de candidaturas a la persona por la cual votar? Los líderes sociales y políticos seguramente saben que este es un problema muy serio por lo que privilegiarán rostros conocidos, bajo la esperanza que tales personajes arrastrarán votos para la lista. Una segunda estrategia es armar campañas cohesionadas para gobernadores, alcaldes, concejales y constituyentes donde las tiendas políticas ofrecen un “combo electoral”.

Presidencialización acelerada. No resulta sorprendente que, una vez realizado el plebiscito, emerjan candidaturas presidenciales.  Las tiendas políticas requieren ponerle rápidamente rostro a sus alternativas electorales y quizás el mejor modo de hacerlo es a partir de una figura presidenciable. Como se busca aumentar la identificabilidad de las miles de candidaturas en competencia, se genera un estímulo por ponerle un rostro fácilmente reconocible frente al electorado.  “Sacarse la foto” con una autoridad presidenciable ayuda a la recordación. Por otro lado, quienes aspiran a la presidencia saben que el tiempo es muy breve y si quieren instalar sus nombres en la papeleta, deberán aprovechar la elección municipal para ganar en adhesiones.

El financiamiento de las campañas. A todo lo anterior se suma un elemento vital y que se refiere a financiar las campañas electorales. El principal desafío para aquellas personas que desean ser constituyente, alcalde, concejal, o gobernador es darse a conocer y eso requiere invertir en tiempo, campañas por redes sociales, tener un sitio web, generar redes de articulación social, salir a recorrer el territorio, repartir volantes, tener una estrategia de comunicaciones y pagar por la administración electoral para la posterior rendición de cuentas ante el SERVEL.  Y como nada es gratis en esta vida, todo lo anterior requiere un esfuerzo que requiere de cierto nivel básico de financiamiento.  Esto eleva la preocupación por cuestiones que parecen triviales, pero que incentivan la competencia por el acceso a recursos entre quienes desean participar del proceso político.

La devaluación de los acuerdos.  A lo anterior se suma la devaluación de la sola idea de establecer acuerdos. En una democracia multipartidista como la chilena no es posible gobernar si no es a partir del establecimiento de acuerdos o pactos electorales. Si no estableces acuerdos, no acumulas votaciones y si no acumulas votaciones no logras acceder al poder. Sin embargo, debido a la experiencia de la “democracia de los acuerdos”, la sola idea de establecer pactos electorales se advierte como una traición a ciertos valores o principios de las tiendas políticas. El todo o nada se transforma en el modo de actuar en política, lo que en un marco de partidos muy pequeños imposibilita sin duda la opción de construir mayorías.

Así las cosas —nos guste o no— la lógica electoral con todo lo anteriormente descrito incentiva la competencia entre los distintos actores sociales y políticos. El anhelo —interesado o desinteresado— por acceder al poder ya sea para escribir una Constitución o para gobernar al país, estimula una acelerada búsqueda de diferenciación del resto, para destacar, para mostrarse como una persona indispensable para este proceso.  La dinámica electoral actual no hace otra cosa que fragmentar.  Es la naturaleza del escorpión.

La lógica constituyente

En paralelo observamos una lógica constituyente que debiese tender a la cooperación por las condiciones en que están definidas las reglas del juego. Sabemos que la regla de los 2/3 impone el desafío de la colaboración, del compromiso, del acuerdo.  Sabemos además que aquellos sectores que defienden el actual marco institucional buscarán colaborar para defender el statu quo.

No cabe duda de que algunos sectores buscarán defender un modelo, una idea de sociedad sustentada en valores, derechos y una determinada organización del poder. La derecha —después del rotundo resultado electoral del plebiscito del 25 de octubre— tendrá muchos incentivos para coordinarse y cohesionarse en virtud de un modelo constitucional predefinido. Seguramente este modelo involucrará mantener los elementos esenciales del actual paradigma de sociedad.

Por otra parte, la centroizquierda y cualquier fuerza progresista (partisana o independiente) sabrá que la única opción para transformar el modelo constitucional vigente es mediante la colaboración y cooperación. No habrá plurinacionalidad, Estado Social de Derecho, protección de la biodiversidad y de los recursos naturales, democracia participativa o semi-presidencialismo sin el concurso de un amplio acuerdo en la Convención que se avecina. Las fuerzas políticas y sociales saben que se requieren esos mínimos constitucionales y que deben ser sustentados por el 67% de la Convención.  Pero como ninguna fuerza política o social es mayoritaria —y no lo será en el futuro inmediato— la única opción posible si se quieren alcanzar ciertos cambios es posibilitar algunos acuerdos básicos y esenciales en los contenidos.

La lógica constituyente, en este sentido, es completamente lo opuesto a la lógica electoral. Mientras la dinámica electoral tiende a la competencia y la fragmentación, la lógica constituyente debiese en teoría tender a la coordinación de las fuerzas políticas y sociales para poder alcanzar ciertos objetivos de cambio institucional que sean significativos.

¿Frangmentación o coordinación?

¿Cuál lógica prevalecerá?  Por el momento a nivel político y me aventuraría a decir que también a nivel social,  ha prevalecido la lógica de la fragmentación. Los partidos ya entraron en una dinámica interna electoral que incentiva esta competencia. Esto se agitará aún más con la cercanía a las elecciones primarias presidenciales de julio de 2021. El síntoma más evidente de aquello fue la imposibilidad de llegar a acuerdos relevantes para las primarias de noviembre de 2020. Junto con el plebiscito florecieron las candidaturas presidenciales y para las gobernaciones y alcaldías.

Se advierte además que la lógica electoral está desprovista de proyectos o contenidos constitucionales. En sus discursos, los mismos presidenciables vienen a destacar sus atributos personales, sin poner mucha atención en cuestiones sustantivas del modo en que se desea organizar la vida en sociedad. Así, la competencia electoral funciona casi en un mundo paralelo y de modo muy independiente del debate constituyente. A nivel político, los sectores de centro-izquierda comienzan a insinuar la inevitabilidad de competir en listas separadas. “No cabemos todos en una lista”, nos dicen, priorizando la cantidad de candidaturas por sobre el proyecto programático que se busca defender. Cabe hacer notar que en las última semana se lanzó una iniciativa de centros de estudios progresistas que buscan remar contra-corriente y establecer un diálogo sobre mínimos constitucionales, lo que es un interesante desarrollo que habría que prestarle atención.

Ahora bien, también habría que remarcar que a nivel social hasta la fecha ha primado la lógica de competencia y fragmentación. Las candidaturas independientes emergen para disputar el acceso a la Convención ojalá lo más alejados de los partidos. Como el valor de los partidos se depreció en la sociedad, quienes enarbolan las banderas de los y las independientes hacen esfuerzos sublimes por transformarse en una alternativa distinta a los partidos. De hecho, su discurso e identidad se estructura por oposición a quienes son militantes. Es tan fuerte la etiqueta de los independientes que hasta los ex militantes y ex funcionarias públicas ahora se visten con aquella etiqueta.

Llama la atención que, a diferencia de lo que ha sucedido en otras latitudes,  en Chile no ha surgido hasta el momento un movimiento social articulado y que dispute el poder enarbolando alguna bandera social o política sustantiva. Lo que vemos en el panorama de los y las constituyentes son una serie de rostros relativamente reconocibles que se disponen a salvar la república gracias a sus atributos específicos—ser independientes. Incluso a nivel de opinión pública se repite aquella lógica personalizada de la política. Es muy probable que cuando se desplieguen las campañas veremos candidaturas con delantales blancos, con atuendos que busquen precisamente reflejar ciertos atributos individuales (hombre de familia, mujer trabajadora, profesional, etc.).

Lo anterior, para el mundo progresista, dificulta avanzar en la tarea de conversar o dialogar sobre los mínimos. ¿Ponerse de acuerdo en algunos mínimos programáticos entre independientes y partidos? Por ningún motivo. ¿Generar un diálogo político y social sobre estos mínimos? Nada parecido se observa en el horizonte. Se reproduce un distanciamiento entre la arena social y política que va en contra la tendencia hacia el acuerdo y la concertación social que señalábamos.

La carrera por la constituyente se está convirtiendo, no en una oportunidad de generar espacios de acuerdo social sobre ciertos temas esenciales para la República, sino que en una competencia por el acceso a la Convención, una lógica más inmediata, coyuntural y segmentada. Quienes desean cambiar el actual estado de las cosas compiten por espacios sin darse la oportunidad de generar espacios de acuerdo y coordinación. La experiencia comparada muestra por ejemplo que en otras sociedades la dinámica constituyente estimuló la articulación social para generar estos mínimos constitucionales a los cuales hacíamos referencia. Aquí no, cada agrupación política y social trabaja en su propia lista, en su propio reglamento para la Convención, incluso en su propia Constitución.

Así como existe fragmentación política, también aquello sucede a nivel social. La crisis de representación permea espacios de decisión a nivel de sindicatos, federaciones de estudiantes o gremios. Una poderosa lógica de fragmentación impide entonces poder generar una conversación social más amplia y plural sobre el país que imaginamos.  Para cualquier observador/a, llamaría profundamente la atención que frente al desafío más importante que enfrenta la República, las fuerzas que impulsan la transformación social carezcan de espacios relevantes de articulación para definir propuestas constituyentes.

La ciudadanía mientras tanto mantiene la esperanza de querer participar de un proceso respecto del cual todavía no se conocen las formas que adoptará. De mantenerse esta lógica de fragmentación y competencia, el proceso constituyente perfectamente podría convertirse en una experiencia social frustrada. Ya hemos indicado aquí la importancia de generar espacios efectivos de participación ciudadana durante el proceso de modo de posibilitar una conversación nacional sobre el país que queremos. Generar mecanismos de consulta y decisión ciudadana será tan vital como posibilitar espacios de acuerdo constitucional. La lógica constituyente requiere abrir espacios de diálogo y acuerdo político y social, pues de otro modo se agudizará la actual crisis de representación.  Y hasta el momento se advierten señales poderosas del dominio de la lógica electoral donde prima la competencia y la sospecha y que permea al conjunto de aspirantes a representarnos.

El escorpión y la rana se encuentran al borde del río. El escorpión le dice que esta vez será distinto; que ambos se necesitan para cruzar pues como las aguas son más turbulentas, entre ambos unirán muchas fuerzas para cruzar. Pero la rana—en esta ocasión—tiene más sospechas que el escorpión no renunciará a su naturaleza. El riesgo es que o no crucen el río, o si emprenden la marcha cada cual por sus propios medios, se ahoguen al cruzar.

(*) Cientista político, profesor de la Universidad Diego Portales. Investigador responsable del proyecto Findecyt Nº 1170025 sobre ideas y cambio constitucional en Chile e investigador asociado del CIIR.

(Ciper Chile, 09 de Noviembre de 2020)