Guillermo Larraín

11 de Septiembre, 2020


«No basta con una Constitución que permita el crecimiento, necesitamos una Constitución que también dé garantías de que los frutos se van a repartir de manera justa y sostenible», enfatiza Guillermo Larraín, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, codirector de Lexen; expresidente de BancoEstado y exsuperintendente de Valores y Seguros y de Pensiones. Arguye que el gran problema de la Constitución vigente es que no ha sido capaz de crear condiciones para que la institucionalidad evolucione en forma oportuna: «Estamos llegando tarde a los cambios».

Hace hincapié en que para entender el tema constitucional hay que reflexionar sobre el rol que juega la Constitución en una sociedad, que es enmarcar los comportamientos, las interacciones entre las personas, entre las personas y las organizaciones y entre estos y el Estado. Agrega que esta carta de navegación política, social y económica refleja las creencias: «Hoy la creencia de los chilenos sobre los derechos sociales debe tener un relato en la Constitución. Si hay una demanda porque la educación sea un derecho hay que incorporarla».

Respecto a la subsidiaridad del Estado plantea que en Chile esta se ha aplicado en la versión neoliberal que opone Estado y mercado, «lo que es una mala forma de entender la relación entre ambos». Pero que hay que enriquecer el principio de subsidiaridad con dos acepciones que enriquecen también a las políticas públicas: la que implica tratar de favorecer las soluciones cercanas al objeto del problema y que aboga por una descentralización, «que probablemente será uno de los objetivos del proceso constituyente»; y la que dice que hay que preferir soluciones simples por sobre las complejas, «porque cuando hay regulaciones o sistemas poco comprensibles para la gente se genera desconfianza, que es lo que destruye el capital social y la democracia».

Y sobre la propiedad, plantea que una Constitución debe dar todas las certezas que correspondan en el caso de bienes privados, pero que el problema está en el régimen de propiedad de los bienes comunes, a los que «en Chile, y en particular el agua, se le da un tratamiento demasiado parecido al de bien privado».

Sobre estos y otros temas conversa en la siguiente entrevista.