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Rodrigo Valdés

Junto con depositar grandes esperanzas en el proceso constituyente, por el gran valor que tiene la construcción colectiva del contrato social, Rodrigo Valdés admite: «No puedo decir que estoy cero preocupado». Agrega que las cosas ya no están funcionando con esta Constitución, pero que tampoco se puede minimizar la incertidumbre que un cambio de esta naturaleza genera: «Hay riesgos y hay que tratar de manejarlos». Pero más que el proceso mismo, lo que le inquieta es la incapacidad de convergencia: «Llevamos meses de alta tensión en que se empieza a desvalorizar el diálogo y salen algunas ideas al ruedo en busca de votos de corto plazo».

 

El exministro de Hacienda, expresidente de BancoEstado y actual profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica cuenta que, tras analizar cómo evolucionaron las economías en que se realizaron los últimos 45 procesos constituyentes, concluyó que cuando hubo asambleas constituyentes los países crecieron mucho menos que el mundo: «Por tanto, hay efectos. Pero creo que este proceso es una oportunidad única y hay que aprovecharla; eso significa participar activamente, dialogar. Ahora viene la etapa de los contenidos, donde espero que domine la gente sensata, no los gritones, no Twitter». Y hace el punto sobre aspectos clave a dilucidar en cuanto a cómo procederá la convención constituyente: por ejemplo, si el voto de sus integrantes será secreto o público. Comenta que hay bastante literatura respecto de si un proceso de este tipo es mejor o peor dependiendo de la modalidad de voto.

 

A su juicio, uno de los errores que no se debería cometer es pasar de una constitución muy de derecha a una muy de izquierda: «Cuando era ministro les dije a los empresarios en un encuentro de Icare, en la época en que estaban enredados con el proceso constituyente de la Presidenta Bachelet: “Si la nueva Constitución los deja a ustedes como la izquierda se ha sentido bajo esta Constitución, sería una pésima Constitución”. Creo que hay que tomarse muy en serio esta idea de la casa de todos». También estima que la futura carta de navegación del país debiera ser más minimalista en algunas dimensiones, porque la actual (considerando las leyes orgánicas constitucionales) «es probablemente de las más largas del mundo».

Respecto del derecho de propiedad dice que es importante ponerse de acuerdo en su centralidad, pues es uno de los numerales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y un porcentaje importante de constituciones lo explicitan, solo se exceptúan las más antiguas: «Es importante discutir cuanto sucede en los límites al derecho de propiedad y de su función social. El derecho de propiedad existe incluso en la doctrina de la Iglesia porque es para algo; y esa función social (que está en la Constitución actual) se puede trabajar más».  

En todo caso prevé que no será en el derecho de propiedad donde se van a centrar las tensiones del debate, sino en las reglas de la política: régimen de gobierno y sistema electoral: «Lo que hoy está fallando en Chile, y no es nada fácil de reparar porque hay incentivos cruzados, es esta parte. Cuando partió este proceso yo declaré públicamente que estaba por la comisión mixta, pero lo que vi en los últimos meses me llevó a convencerme de qué quería una convención totalmente elegida. No es que los políticos sean malas o buenas personas, sino que los incentivos (a reelegirse y al individualismo) los llevan a actuar de una manera que no necesariamente conduce al bien colectivo».

Valdés afirma que el régimen político es central, porque el proceso de relegitimar las instituciones no termina, sino que parte con la nueva Constitución, «para lo que es muy importante que la implementación de la política funcione. Podemos tener una muy buena Constitución en lo doctrinario, pero si después estamos a la patada y al combo, súper fragmentados, no vamos a llegar muy lejos».

Dado que con el presidencialismo actual y la fragmentación partidaria se hace muy difícil gobernar, le gustaría que «el país probara un sistema parlamentario de verdad, no como el que se implementó en el pasado. Pero como creo que no está el horno para un cambio tan grande pienso que vamos a terminar con una cuestión más a medio camino: un sistema semipresidencial, con algunas cosas como las que tienen Perú o Francia (…). Predigo que vamos a tener un primer ministro con aprobación del Congreso, y un presidente de la República».

En esta entrevista Valdés profundiza en estos temas y también aborda otros como el gasto fiscal, la necesidad de una nueva Reforma Tributaria bien reflexionada; los cambios que requiere la Ley de Responsabilidad Fiscal y la autonomía del Banco Central.

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Constanza Hube

“Espero que no se generen sobre expectativas de lo que la Constitución puede hacer. Lo responsable es ajustarlas, sino el nivel de frustración será muy grande. Todo lo que tiene que ver con la mejora de la calidad de vida de las personas es propio de las políticas públicas y del progreso de los países, en la medida que logran más recursos que les permiten hacer cosas”, advierte Constanza Hube, directora del Foro Constitucional UC y subdirectora de la Escuela de Derecho Público de dicha universidad; e integrante del Consejo de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo.

Agrega que el establecimiento de derechos sociales ha sido un pilar importante no solo para la igualdad formal ante la ley; sino también para caminar hacia una lógica de igualdad material con al menos un piso: “Se ha avanzado en materia de educación, seguridad social, salud, en los que el Estado ha asumido un rol bastante relevante y los privados han colaborado con soluciones a esos problemas públicos. El punto es que no es suficiente”. Plantea que se puede actualizar el catálogo de derechos sociales, pero que hay que tener buenos argumentos para agregar, a fin de que puedan materializarse.

Valora el acuerdo del 15 de noviembre porque cree que logró encauzar institucionalmente una situación extrema, cercana al quiebre institucional; como también que haya convocado a casi todos los partidos con representación. Pero difiere de quienes sostienen que la causa del 18-O haya sido la demanda de una nueva constitución: “Eso no significa que no haya razones válidas por las cuales muchas personas quieran una nueva Constitución”, dice. Y aclara que es partidaria de hacer cambios a la carta vigente.

Enfatiza que la actual ley fundamental es un producto bastante distinto a la Constitución de 1980, ya que ha sido modificada en todos sus capítulos: “Hay dos reformas relevantes: la de 1989 y la de 2005. La del 89 implicó 54 cambios, fue plebiscitada y cerca de 85% de los ciudadanos ratificaron esas reformas; y la de 2005 que implicó 58 modificaciones -más allá de que el Presidente Lagos diga lo que dice ahora-, y en su momento se consideró que había eliminado los enclaves autoritarios y que nos encontrábamos frente a una Constitución democrática (…). Por lo tanto, me parece importante ajustar expectativas: a lo que le vamos a decir apruebo o rechazo no es a la Constitución del 80, sino a la de 2020”.

Estos temas y otros como las formas de mejorar la relación entre Ejecutivo y Legislativo y las implicancias de la paridad de género en el proceso constituyente analiza en la siguiente entrevista.

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Rodrigo Vergara

A ser muy cuidadosos con las lecturas que se hacen del resultado del plebiscito de entrada al proceso constituyente respecto de lo que resuelva la convención, llama el investigador senior del CEP y expresidente del Banco Central Rodrigo Vergara. Ello por cuanto plantea que dicho resultado no es adjudicable a ningún sector político, pues fue transversal: «La mitad de la centroderecha votó por el apruebo, entre los que me cuento». Agrega que «tener una Constitución que nos convoque de forma más amplia es una gran oportunidad. Esto no quiere decir que en el proceso de redacción no se produzca incertidumbre, pero soy optimista y creo que vamos a terminar con una Constitución razonable».

Vergara enfatiza que la definición más importante, porque determina muchos ámbitos, será el sistema de gobierno. Agrega que su impacto más claro es en la iniciativa exclusiva de gasto y el proceso presupuestario: «Incluso en regímenes parlamentarios hay elementos de iniciativa exclusiva del Ejecutivo para propender a la responsabilidad fiscal. En el caso australiano o alemán los grupos parlamentarios pueden presentar proyectos que tengan gasto, pero en algún momento de la tramitación tienen que conseguirse el patrocinio del Ejecutivo. A mí me atrae bastante un régimen parlamentario, donde la coalición mayoritaria sea la encargada de formar gobierno, ya que los gobiernos de minorías son muy complicados y han ido deteriorando la calidad de la política en Chile».

No lo convencen los sistemas híbridos pues cree que si se le da más poder al Congreso en materias de gasto, endeudamiento, impuestos y seguridad social manteniendo el presidencialismo, se puede terminar en el peor de los mundos. Explica que en Francia hay iniciativa exclusiva y los parlamentarios pueden presentar iniciativas de gasto, pero compensadas: sí proponen aumentar un ítem tienen que reducir otro de la misma partida. Así se les impone un costo.

En materia económica estima que –aparte de los temas relacionados con la iniciativa exclusiva de gasto – el debate se enfocará en descentralización, Banco Central y propiedad, donde hay dos temas específicos relevantes: propiedad de las aguas y minería, todos los cuales aborda en detalle en esta entrevista.

Respecto de la autonomía del Banco Central, plantea entre otras cosas que esta debe mantenerse dentro de la Constitución, como sucede en las cartas más modernas. Pero admite que algunos aspectos de su normativa pueden discutirse, entre ellos el doble mandato de estabilidad de precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Y que otro aspecto que probablemente se ponga en tabla es facultar al Congreso para iniciar una acusación constitucional a los consejeros.

Sobre las expectativas en torno una ampliación del catálogo de derechos garantizados, Vergara advierte que hay muchas constituciones llenas de derechos sociales que no se traducen en nada, mientras que países como Australia o Alemania no tienen los derechos sociales en su Constitución y sin embargo cuentan con una provisión muy buena de servicios sociales. «No se trata de llenarse de derechos que no vamos a ser capaces de cumplir. Lo más importante es cómo se tutelan esos derechos. Hay países que los tienen tutelados en la misma carta y ha resultado un problema porque el gasto público se termina definiendo en tribunales. Podemos tener algo más razonable como el caso suizo, que tiene derechos sociales como aspiraciones sujetas a las restricciones presupuestarias».

También enfatiza que la Constitución tiene que dejar espacio para el desarrollo de la política, porque las visiones van cambiando en el tiempo.

Estos y otros temas son abordados en profundidad en la siguiente entrevista.

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Claudia Sarmiento

«Esta es una oportunidad única de dialogar acerca del país que queremos construir a partir de este dispositivo que es la Constitución, que no va a ofrecer un rayado de cancha, un juego de reglas sobre qué podemos esperar del Estado, nuestros derechos y deberes, cómo nos vamos a organizar, cómo se va a distribuir el poder», plantea Claudia Sarmiento respecto del proceso constituyente.  Esta profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado y codirectora del Diplomado Estrategias para la Gestión de la Diversidad e Inclusión de la Universidad Adolfo Ibáñez enfatiza que lejos de suponer una reyerta en que unos ganan y otros pierden, la redacción de una carta Fundamental debiera tomarse como una invitación a reencontrarnos en la tarea de construir el futuro a partir de un relato común, que sea lo más similar a un pacto social.

Por lo mismo advierte que uno de los errores que no se pueden cometer es caer en la tentación revanchista y «pasar, por ejemplo, de una Constitución neoliberal a otra neomarxista». Aunque cree que es muy difícil que un sector político se imponga con una fuerza avasalladora en la Convención Constituyente, por lo que lo más probable sea un relativo equilibrio de fuerzas similar al existente ahora.

A su juicio la hoja en blanco apunta a que quienes redacten la nueva Constitución tengan libertad para pensar cómo plasmar la institucionalidad, «pero no significa tener un país en blanco. Tenemos un país que tiene una tradición republicana, normativa, política y económica; sería insostenible enfrentar este proceso con el ánimo de tirar la cadena y no mirar el pasado porque repetiremos algunos errores».

Sarmiento enfatiza en que si bien el cambio de Constitución no solucionará todos los problemas, no podrá eludir los conflictos que subyacen tras el estallido social; y que un nuevo juego de reglas permitirá pensar en proyectos de ley que hoy serían inconstitucionales.

Respecto de cómo debiera funcionar la Convención Constituyente, afirma que sus sesiones deben ser lo más públicas posible para sean un ejercicio de educación cívica colectiva. Desdramatiza el rol que pueden jugar las redes sociales en esta instancia: «La reforma constitucional les aplica las norma que regulan el lobby y el riesgo de ser cooptados estará presente siempre. Pero las redes sociales ya están presentes en el debate legislativo y eso no impide que la tarea del Congreso sea pública y transparente. Hay que aprender a convivir con el ruido de las redes sociales».

En la siguiente entrevista Claudia Sarmiento aborda también los eventuales cambios al régimen político, los organismos autónomos, el Tribunal Constitucional y la tutela de los sociales, entre otros temas.

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Nicolás Eyzaguirre

Una Constitución liviana; garantista, pero realista es lo que le gustaría a Nicolás Eyzaguirre para Chile. «Así como soy partidario de la iniciativa exclusiva en materia de gasto del Poder Ejecutivo, sostengo que la satisfacción de los derechos sociales tiene que ser consistente con los recursos disponibles para eliminar temores de populismo; si se establecen garantías abiertas, la política fiscal la terminan haciendo los jueces y el Estado termina quebrado», plantea el exministro de Hacienda, Educación y de la Secretaría General de la Presidencia.

En todo caso advierte que hay derechos y derechos; y tratándose de la educación, la gratuidad se impone: “Necesitamos entender ciertos elementos de la parte dogmática de la Constitución porque la educación no debiera ser un factor de discriminación; todos debieran tener derecho a la misma calidad educación. Eso no es incompatible con que haya educación privada (…), pero no puede ser que quien tiene dinero acceda una mejor educación que el resto: debe primar un principio de calidad uniforme para todos. En Chile tenemos hoy una Constitución neoliberal que hace que la libertad de enseñanza prevalezca por sobre el derecho a la educación». Para ahondar en el punto recurre a su propia experiencia como ministro: «Si tienes leyes donde haya tensión entre el derecho privado y los bienes públicos, como me pasó a mí con la Ley de Inclusión que estuvo a punto de perderse en el TC, tiende a prevalecer el derecho privado y por tanto se produce una forma de segregación inaceptable».

En cambio, plantea que la salud no necesariamente tiene que ser gratuita, pero sí es inaceptable que se reciba una peor salud si se tiene menos capacidad de pago: «Me gustaría un sistema en que pudiéramos solidarizar». Respecto de pensiones, transporte, servicios básicos y vivienda sostiene que debería darse una garantía de calidad mínima universal.

En cuanto al tipo de Estado de bienestar implementable en Chile dice que obviamente no será el de Suiza: «Cada sociedad debe ir construyendo los niveles de bienestar universal que puede financiar. Nosotros tenemos una carga tributaria muy baja respecto a nuestro nivel de ingreso y eso se expresa más ferozmente en la carga tributaria directa, los impuestos que pagan las personas no las empresas ni el IVA. Recaudamos menos de 2% del PIB en impuestos directos a las personas y el promedio OCDE es de 9%, porcentaje que se tendió estabilizar por los años 70, en que los países desarrollados no eran más ricos que Chile ahora. Pienso que debiéramos subir la carga tributaria en unos 5 productos del PIB en unos 5 años, básicamente a través de impuestos directos y con esos recursos podríamos subir sustancialmente los gastos por persona en salud, educación, pensiones y en ciencia y tecnología».

Hace el punto en que para lograr lo anterior se requiere tener un sistema político que lleve a esos consensos y no que polarice, como el actual, tema que ha estudiado bastante. Eyzaguirre es partidario de cambiar el régimen político: «Creo que somos una completa anomalía porque en casi todos los países desarrollados del mundo tienen regímenes en que el poder está distribuido, está colegiado en sistemas parlamentarios o semipresidenciales, que fuerzan a que Ejecutivo y Legislativo lleguen a acuerdos. El único caso de país desarrollado con presidencialismo es Estados Unidos, pero tiene otro elemento estructural institucional que es el bipartidismo. Nosotros tenemos un multipartidismo cultural, que con un presidencialismo exacerbado tienden a producir entrabamiento, básicamente porque los presidentes tienen toda la iniciativa de gasto, pero siempre están en minoría en el Congreso. Entonces al final ni uno ni otro poder puede imponer su agenda».

Para remediar esto Eyzaguirre propone –junto a Tomas Jordán y Pamela Figueroa en el libro Crisis del hiperpresidencialismo chileno y nueva Constitución: ¿cambio de régimen político?– un presidencialismo parlamentarizado, en el qué manteniendo la figura del Presidente se introduce un conjunto de modificaciones que fuerzan a que el gobierno siempre tenga mayoría parlamentaria. Allí se propone que una fracción importante de parlamentarios se elijan en listas cerradas (se votan por partidos) y una parte menor en forma uninominal, para asegurar que permanezcan alineados con las decisiones del partido. «Esto requiere obviamente una profunda democracia partidaria, para evitar que ciertos caciques terminen designando a dedo a los parlamentarios», aclara.

También proponen que se elimine la segunda vuelta y que el Presidente tenga la posibilidad de disolver el parlamento una vez durante los cuatro años de mandato, cuando pierde la mayoría. Y si no lo logra recuperarla, el parlamento lo saca del cargo.

Respecto del Banco Central plantea que su autonomía es clave para limitar las tentaciones populistas del Ejecutivo cuando tiene a su alcance la maquinita de imprimir billetes. «Una conducción no politizada del Banco Central es una buena idea. No estoy seguro si no repensaría un poco el mandato. Tener una preocupación solo por la Inflación tiene eventuales costos sobre el empleo, pero se ha operacionalizado esto implícitamente porque cuando se dice que hay una banda en torno a la inflación meta es porque no quieres que baje mucho la inflación porque ahí están implícitamente los objetivos de empleo y crecimiento. Quizás eso habría que ponerlo de forma más explícita y clara como lo hace la Reserva Federal”, reflexiona.

Sí le gustaría que hubiese una discusión respecto de cuáles son los límites del Banco Central, pues considera que muchas veces tiende a excederse en opiniones sobre ámbitos que no son de su competencia, como política o impuestos. Y también que hubiera auditoría y control sobre sus gastos: «Debiera hacerse un esfuerzo por limitar los contornos del mandato del Banco Central. No me gusta cuando lo veo meterse en temas que no están en su ámbito, porque sin quererlo termina politizándose y es muy importante que la gente le crea que no tiene objetivos políticos subordinados. Cuando opina sobre temas debatibles le hace daño a la autonomía».

El exministro es cauto a la hora de generar muchos más organismos autónomos: «Pueden proteger la politización de ciertos temas, pero quién nos puede proteger de los organismos autónomos».

Sobre estos y otros temas profundiza en la siguiente entrevista.

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Roberto Zahler
Roberto Zahler tiene una postura distintiva entre los expresidentes del Banco Central respecto de la actual institucionalidad de dicho organismo de cara a la nueva Constitución: a su juicio hay varias cosas que pueden ser discutidas. De partida, menciona que en la mayor parte de los países la autonomía no está consagrada constitucionalmente y que los bancos centrales pueden comprar instrumentos emitidos por el gobierno en el mercado secundario, cosa que en Chile hasta hace poco no podía hacer. Plantea que esto último pudo tener en su momento una explicación histórica en las hiperinflaciones de inicios de 1970 o las tasas de dos dígitos que persistieron por más de 50 años, originadas en el financiamiento del fisco por la vía de la emisión, pero que Chile ya lleva 30 años con inflaciones de un dígito y el mundo en general tiene una inflación baja, así es que la realidad ha cambiado. Por lo mismo, es partidario de financiar directamente al fisco sólo en situaciones muy excepcionales, pero que tal vez podrían ser algo más amplias que las consideradas y agregar pandemias, por ejemplo.

 

«Me parece que un Banco Central autónomo e independiente es un buen diseño, pero hay varias cosas que se deben discutir como los objetivos, que hoy están acotados al control inflacionario y a la estabilidad financiera, pero en varios países los bancos centrales tienen otros. Si bien no pueden tener demasiados objetivos, me parece que es un aspecto que vale la pena analizar». Agrega que en muchas partes también se discute si la autonomía está referida a los instrumentos o a los objetivos: «Yo creo que los instrumentos tienen que ser autónomos, pero no es tan claro que el Banco Central sea la institución que tiene que fijar cuál es la tasa de inflación a la que debemos apuntar en Chile. Ese es un tema con un componente bastante político y no hay nada muy preciso en los números: si la meta es 3%, 2,5% o 4%».

Otro aspecto que estima valdría la pena discutir es la responsabilidad política del Banco Central: «Una cosa es que sea autónomo y otra cosa es que sea responsable de sus acciones. En la época en que yo estaba en el banco, en varios países si no cumplías con la meta de inflación en cierto período tenías que mandar una carta al ministro de Hacienda o a la Comisión de Hacienda del Senado, según la institucionalidad del caso, explicando por qué no lo lograste. En casos más extremos, les bajaban el sueldo a los consejeros si no lograban su objetivo, e incluso el presidente tenía que dejar el cargo. Aquí hemos tenido varios períodos en que por mucho tiempo la inflación ha estado sistemáticamente por debajo de la meta y nadie le ha preguntado mucho a los consejeros por qué no lo lograron. Y hay un costo económico serio: significa que en la práctica la tasa de interés fue más alta de lo que se necesitaba. La responsabilidad política no se ha ejercido y eso no es tanto un problema del Banco Central, sino del rol que juega la Comisión de Hacienda del Senado y el Senado mismo, que es la institución que podría pedirle más responsabilidad política en ese sentido».

Zahler resume este punto en que el Banco Central autónomo ha andado bastante bien, pero se podría aumentar su responsabilidad política, lo que hasta ahora no ha ocurrido no por responsabilidad de la institución ni de la ley, sino de la práctica debido a una autolimitación del Congreso para pedir responsabilidad no sólo del instituto emisor sino también de organismos como el Servicio de Impuestos Internos, las superintendencias y otros similares.

También critica el rol que ha jugado la actual Constitución en la economía producto de la minimización del Estado: «Los grados de libertad que hemos tenido para movernos dentro del diseño de estrategias económicas ha sido extraordinariamente pequeño. Yo creo que la Constitución tiene que ser lo más neutra posible para permitir que los proyectos que compiten en la arena política se puedan manifestar con libertad. Hay cosas fundamentales que se tiene n que garantizar, pero no un particular diseño de política macroeconómica».

Estos y otros temas aborda en la siguiente entrevista.

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Carlos Massad

«Nuestro sistema político ya hizo demasiada agua como para mantenerse tal como está. Creo que el régimen presidencial ha demostrado no ser eficiente para lograr acuerdos y, sobre todo, para sostener mayorías en el Congreso, lo que es fundamental para gobernar», afirma el expresidente del Banco Central y exministro de Salud, Carlos Massad. Por lo mismo opina que la primera preocupación de una nueva Constitución debe ser definir el régimen político y se inclina por la fórmula semipresidencial, con periodos de gobierno más largos.

Plantea que Chile necesita centrarse en reducir las inequidades para afianzar un pacto social, pues son el foco de la desconfianza.

Piensa que la educación es fundamental para el bienestar y el desarrollo, pues está «amarrada con candado a la desigualdad»; aunque es una tarea compleja, que requiere consensos y en la que los avances son milímetro a milímetro. Llama a aterrizar las expectativas porque no habrá cambios inmediatos: «No es lo que queda escrito lo que garantiza la mayor igualdad, sino lo que se hace en la práctica y eso está limitado por los recursos». Sin embargo, asevera que es importante que los derechos sean garantizados para que haya una sensación de deuda por parte de las autoridades con la gente, porque eso lleva a buscar maneras de cumplir con las garantías. Pero acto seguido advierte: «Será simplemente imposible cumplir con ciertas garantías si no se ha estudiado cuidadosamente la compatibilidad de estas con los recursos disponibles».

En el ámbito del modelo económico es partidario de profundizar en un sistema social de mercado en el que no se pierda el poder de la iniciativa de las personas, pero donde el Estado haga bien su tarea como garante del bien común: «Esto significa reconocer el carácter social de muchos elementos a los que ese carácter se les desconoce hoy».

Para explicar por qué es un defensor acérrimo de la autonomía del Banco Central, Massad cuenta que desde su época de estudiante de economía, cuando las olas inflacionarias alcanzaban niveles de 30%, 40%, 80%, pensaba en cómo contener este problema: «Muchos movimientos, incluidos los estudiantiles, eran protestas contra la inflación, que llegaron hasta manifestaciones callejeras con muertos. ¿Y cuál era uno de los elementos más importante de las presiones inflacionarias? Que el Banco Central dependía del gobierno y estaba obligado a prestarle; por tanto, no había una conciencia crítica que dijera hay que equilibrar gastos e ingresos».  Enfatiza que la autonomía del instituto emisor cerró esa puerta y permitió controlar la inflación; y dice que las políticas que ha implementado justifican plenamente su autonomía.

Estos y otros temas aborda Carlos Massad en la siguiente entrevista.

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Luis Lizama

El gran debate constituyente en materia laboral se centrará en cómo se protege el trabajo en la Constitución, según el profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Chile e integrante del Consejo Superior Laboral, Luis Lizama. Explica que lo que hoy se garantiza es la libertad para elegir dónde y con quien trabajar y para que el empleador ofrezca empleo sin restricciones ni discriminación: «Lo que protege nuestro sistema jurídico es el trabajo en su versión amplia, ya sea dependiente o autónomo (cuenta propia). Si se garantiza el derecho al trabajo habría que imponerle al Estado obligaciones como una política más activa en materia de empleo que le permitiera conseguir una ocupación a quien no la tiene. Segundo, tener un seguro de cesantía más robusto que el actual, que protege solo a quien perdió el trabajo, no al que nunca lo ha tenido. Tercero, surge la duda de si en ese escenario es posible despedir a un trabajador o podríamos llegar a este punto extremo de que alguien diga que como el trabajo es un derecho garantizado constitucionalmente, el despido no es un acto válido”.

Como contrapartida, cree que la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres para una misma función debiera establecerse como principio fundamental sin mayor dificultad.

Lizama plantea que los derechos a negociar colectivamente y a huelga han sido las materias laborales más debatidas en los últimos años por el modo en que se abordan en la Constitución política y en el Código del Trabajo. Agrega que el derecho a negociar colectivamente, tal como está regulado en la Carta Fundamental, se enmarca en la empresa y por eso el Código del Trabajo privilegia al sindicato de empresa como sujeto negociador, lo que ha abierto la discusión a si se puede exceder el ámbito de la empresa para negociar colectivamente.

A lo anterior se suma el derecho preferente o exclusivo del sindicato a negociar por los trabajadores: «Es un derecho individual que se ejerce colectivamente. El trabajador puede escoger si quiere ser representado por un sindicato o por un grupo negociador, que es una coalición transitoria de trabajadores para estos efectos. Este tema incluso generó un pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional en 2016 respecto de la Reforma Laboral de la Presidenta Bachelet, por lo que se eliminaron artículos que establecían el derecho preferente o exclusivo del sindicato a negociar colectivamente por los trabajadores».

Sobre el derecho a huelga explica que está regulado en la Constitución de un modo negativo: «No está consagrado, sino que se ha inferido a partir de una argumentación a contrario: si el derecho a huelga está prohibido para determinados trabajadores, está permitido para los demás y para ellos es un derecho. Ese es el argumento que ha dado la Cuarta Sala de la Corte Suprema para asumir que el derecho a huelga está garantizado constitucionalmente».

Lizama enfatiza que esta discusión jurídica laboral tiene larga data: «En textos de hace 20 años muchos autores decían que el derecho a huelga no existe en el sistema jurídico chileno porque no está consagrado como tal; así es que la huelga no es un derecho, sino un hecho “indeseable” porque lo que el sistema jurídico pretende es que las partes lleguen a acuerdo y eviten el conflicto. Eso evolucionó al planteamiento actual de que la huelga constituye un derecho establecido a contrario». Acota que otros juristas sostienen que el derecho a huelga está considerado en el sistema jurídico constitucional, pero a propósito del derecho de sindicación: en la medida que se reconoce al sindicato el derecho a llevar un programa de acción definido por la asamblea sindical, y que para emprender tal programa requiere de un instrumento de presión que sería la huelga.  Destaca que se ha hecho un esfuerzo interpretativo alambicado para establecer que la huelga está reconocida de forma implícita como un derecho fundamental por parte de los jueces, de la Corte Suprema y del TC en este sentido, pero sigue siendo un capo de batalla “así es que creo que no habrá problema si ahora se plantea explicitarlo».

También cree que no se justifica mantener en la Constitución la restricción de ejercer actividades políticas a las organizaciones sindicales, «que se prestan para buscar formas de burlarlas»; como tampoco la prohibición de huelga a los empleados públicos: «Esta última regla tiene dos dificultades: una de coherencia con el sistema internacional, porque la OIT permite que puedan negociar colectivamente los empleados públicos, salvo los que tienen cargos de exclusiva confianza del gobierno y las FF. AA. El segundo problema es que los que los que más huelgas hacen en Chile son los empleados públicos. Entonces, tenemos una regla constitucional que nadie respeta».

Más sobre estos temas, la negociación rama, seguridad social y los desafíos que planteó la pandemia a la legislación laboral, con la irrupción del teletrabajo, aborda Luis Lizama en la siguiente entrevista.

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Juan Andrés Fontaine

«Es un error pensar que la constitución es un plano arquitectónico a partir del cual se construye la casa común que todos habitamos como miembros de un país. No es eso; es un conjunto de reglas del juego. La casa se va construyendo diariamente sobre las decisiones que toman las personas basadas en esas reglas, tanto en las decisiones políticas con que eligen a sus representantes como en las económicas que van tomando como trabajadores, consumidores y empresarios», advierte Juan Andrés Fontaine, ex ministro de Obras Públicas y de Economía, ex director de Estudios del Banco Central y consultor de empresas.

Agrega que, por lo mismo, una carta fundamental puede contribuir a que la sociedad funcione bien o puede perjudicar su marcha: «Una constitución que no protege bien ciertos aspectos clave del funcionamiento de la economía puede causar un gran daño a la posibilidad de dar el salto al desarrollo. Pero ni aún la mejor constitución asegura que ese salto se dé, porque no es su objetivo. Es simplemente un rayado de cancha».

Dice estar esperanzado en que el proceso constituyente, cualquiera sea el resultado, sirva para «dar más crédito a nuestras instituciones políticas (…). Pero no puedo dejar de advertir que este llamado a juntarnos a discutir y diseñar el país que queremos puede alentar el efecto contrario, al hacer creer que basta con listar derechos para que automáticamente el país quede en condiciones de cumplirlos. La satisfacción de los derechos sociales requiere recursos que no genera la constitución, así es que la siguiente discusión es cómo los generamos».

Sobre los cuestionamientos al Estado subsidiario, Fontaine refuta: «El Estado subsidiario es un concepto muy elástico, que abarca desde un Estado mínimo hasta un Estado de bienestar, porque lo que dice es que el Estado interviene cuando se concluye que la acción privada es insuficiente para dar lugar a un bien público; cuando no se alcanzan niveles de educación, salud etcétera, sustentables. Y como en la práctica es muy discutible ese nivel, da un poco para todo: desde una posición muy extrema neoliberal hasta una que establezca que el Estado se haga cargo de las carencias ya no solo de sectores vulnerables, sino también de los medios, y hacia eso hemos caminado en la última década».

Enfatiza que «el actual gobierno, del que fui ministro, fue elegido con un programa que habla de clase media protegida y eso es una interpretación del Estado subsidiario que se acerca al Estado de bienestar. No veo reñida una cosa con otra, pero creo que no deben estar en la Constitución, porque son conceptos que hay que alimentar con decisiones de políticas económicas y sociales, que deben adoptarlas los gobiernos a través de leyes».

Respecto a la autonomía del Banco Central considera que siempre es posible incorporar más instancias de transparencia, ya que las actuales son más bien reducidas y las ha ido desarrollando voluntariamente la propia institución. Recuerda que la Constitución es escueta respecto al BC y sólo estipula: que no puede financiar al Fisco salvo en caso de guerra; que solo puede operar con instituciones financieras; y que debe ser autónomo. «Donde se aterriza la autonomía es en la Ley Orgánica Constitucional y una cosa que habrá que definir es qué ocurre con las leyes orgánicas, cuyas modificaciones requieren cuatro séptimos. Si se eliminan habría que entrar a precisar mejor en la Constitución qué se entiende por su autonomía y cuáles son sus objetivos».

En esta entrevista también aborda las ineficiencias del proceso legislativo en Chile, los derechos sociales y el derecho de agua, entre otras materias.

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Alejandro Ferreiro

«Más que preocuparse de si la hoja está en blanco al comienzo del proceso, hay que preocuparse de cómo se llena esa hoja; y se va a llenar con el acuerdo mayoritario de los dos tercios de los constituyentes, lo que debiera forzar a una lógica más convergente: menos disrupción y más puentes, menos trinchera y más construcción de diálogos», plantea Alejandro Ferreiro.

Este abogado Ferreiro que posee una vasta trayectoria en el sector público –fue ministro de Economía; secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Ética Pública y miembro de la Comisión Resolutiva Antimonopolios; y superintendente de Isapre, Electricidad y Combustibles, de AFP y de Valores y Seguros– cree que los partidos tienen que hacer un esfuerzo mayor para abrir sus listas a independientes afines, a personas que no pertenezcan a la militancia histórica; a sectores gremiales, artísticos y culturales; y a toda la gente que se ha sentido desafectada de la acción política concreta, pero que tiene mucho que aportar a la construcción de las reglas del juegos del futuro de Chile. «Si no lo hacen, las listas de independientes pueden tener mucha votación y los partidos, salir muy trasquilados de la elección de constituyentes», advierte.

Lo anterior es clave por cuanto a su juicio la causa del descrédito de las instituciones no está en la actual Constitución y, por tanto, la promulgación de la nueva tampoco va a legitimar de un plumazo a los políticos y al Congreso: «(Pensar eso) es una ilusión que no se hace cargo del desempeño que han tenido las propias instituciones, que crearon las condiciones para la desafección ciudadana respecto de su rol». Argumenta que, si bien en Chile siempre ha prevalecido una muy baja confianza interpersonal, las encuestas de los años 90 –cuando la carta fundamental aún no se había reformado– mostraban un gran aprecio a los partidos políticos y al Congreso. Por lo mismo enfatiza que se requiere «oxigenar» la política por la vía de posibilitar liderazgos regionales, desconcentrar parte del ejercicio del poder, generar nuevas alianzas políticas que permitan a los ciudadanos sentirse más representados y mejor gobernados.

Ferreiro espera que prevalezca la evidencia histórica en el debate sobre cuáles de los elementos económicos que están en la actual Constitución deben preservarse y modificarse: «En los últimos meses hemos tenido esta seguidilla de iniciativas parlamentarias en materia de gasto. Chile aprendió dolorosamente la complejidad que tiene el que los parlamentarios aprueben leyes de su propia iniciativa que suponen gasto: en los años 40 y 50 el control de la inflación se hizo muy compleja (…). Eso se ha ido perdiendo en el último tiempo y los parlamentarios han ido arrasando con ese límite por el expediente formal de presentar reformas constitucionales».

Hace hincapié en que la iniciativa exclusiva del Presidente en materia de gasto está en la historia constitucional de Chile, no nació con el Gobierno militar; y que la autonomía del Banco Central no es una idea de los chicago boys, sino uno los aprendizajes planetarios respecto de la importancia de que la política monetaria sea independiente del gobierno central.

Respecto del régimen político, es partidario de cambiarlo: «Creo que tenemos una bomba de tiempo con el presidencialismo de minoría. Si por el lado electoral tenemos un sistema cada vez más proporcional, casi con certeza tendremos gobiernos sin mayoría en el Congreso. Hasta hace un tiempo entendíamos por minoría no poder pasar proyectos de ley o tener que negociarlos; pero lo que no habíamos visto nunca era que el Congreso legislara en contra del programa del gobierno. Esa es una versión extrema del ejercicio de un parlamentarismo de facto que me parece preocupante; por lo mismo creo que era mejor la opción de la elección de todos los constituyentes. Los parlamentarios se han dejado llevar por consideraciones de corto plazo, por ser populares o sentir que están respondiendo a una necesidad urgente, pero rompiendo reglas importantes para el buen manejo de las finanzas públicas».

Sobre estos temas, derechos sociales y Estado de bienestar; derecho de propiedad y otros tópicos clave para el debate constituyente conversa en la siguiente entrevista.

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Fernando Atria

«¿Es posible que haya una constitución de todos? Eso puede ser difícil de responder, pero si la pregunta es si es posible que haya una constitución que sea más de todos que la actual, indudablemente la respuesta es sí; y avanzaremos todo lo que podamos en esa dirección», asevera Fernando Atria, profesor asociado del Departamento de Ciencias del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Hace hincapié en que quienes están por un cambio de constitución no han planteado que esta será la panacea a los problemas de los chilenos; sino que esa impresión la han generado quienes se oponen, para denunciar que no será así: «La nueva constitución no va a solucionar todos los problemas porque nada soluciona todos los problemas, que es una lista muy larga. Lo que la nueva Constitución necesita solucionar es un problema, y si no lo hace será un fracaso: la creciente deslegitimización de la política institucional. Esto no quiere decir que las cosas cambiarán en 180 grados de la noche a la mañana».

A su juicio, la primera función de una constitución es constituir un poder democrático eficaz; y la segunda, limitar ese poder: «La constitución actual fracasa porque pretendió desde el principio constituir un poder político ineficaz y eso ha derivado en una deslegitimación generalizada de la institucionalidad política, que cada vez tiene menos poder, y que hace necesaria una nueva Constitución para recuperar la idea de que la institucionalidad política representa al pueblo». Plantea que a pesar de que en los últimos 30 años ha habido muchas enmiendas al texto constitucional, la forma en que la Constitución configura la política no ha cambiado desde 1980.

Atria enfatiza que lo de hoja en blanco no quiere decir que la nueva constitución hará como si Chile no tuviera historia, sino que va a tomar de la tradición constitucional chilena y extranjera lo que considere adecuado.

Le gustaría que el país se moviera hacia una fórmula más parlamentarista, que asegure un gobierno con mayoría parlamentaria, en condiciones de llevar adelante su agenda y que se haga responsable del programa que promete: «En el presidencialismo que conocemos el Presidente siempre está en condiciones de lavarse las manos porque no tenía mayoría en el Congreso».

En esta en entrevista aborda también derechos sociales, descentralización y pueblos originarios y otros temas.

 

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José De Gregorio

«Lo que las Constituciones hacen es diseñar incentivos para que el sistema político tome decisiones; y si queda mal diseñado hay un riesgo de mal manejo económico», advierte José de Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. A su juicio es clave como se resuelve qué régimen político quiere darse el país, porque el armazón del sistema político es muy importante para definir la política fiscal y que en cualquier diseño institucional debería garantizarse la responsabilidad fiscal. «Porque lo que pasa en países con mucha disgregación política es que tienden a tener déficits fiscales elevados y ese no es el camino para tener una nación más próspera. Las decisiones fiscales deben beneficiar a la inmensa mayoría del país y no ser capturadas por los grupos que presionan más», asevera.

De Gregorio plantea que «lo peor es decirle al país que cambiando la Constitución vamos a resolver todos nuestros problemas», entre otras cosas porque la Constitución sólo da los márgenes para hacer las políticas pública que pueden resolverlos. También cree que sería un error terminar judicializando derechos y por ende políticas públicas.

Plantea que cuando el país tenga una nueva Constitución o una Constitución reformada debiera contar con un Estado más eficiente: «Debemos mejorarlo durante el proceso constituyente a fin de que esté más preparado para enfrentar la nueva institucionalidad».

Sobre la autonomía del Banco Central dice que es un principio base a mantener, lo que implica que no financie al fisco; que su prioridad siga siendo la política monetaria, la estabilidad de precios y de los medios de pagos. Existe bastante evidencia y argumentos para mantener esto».

Estos y otros temas aborda en la siguiente entrevista.

 

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Pablo Ruiz-Tagle

«La Constitución no es para darse gustos y tomar venganza, es para todos los chilenos. Ahí está el tremendo desafío (…). Es una norma de control de poder, de creación del derecho -porque mediante el derecho se controla el poder político y la protección de los derechos fundamentales- y de organización del Estado, que tiene que representar a todos los grupos de la sociedad chilena», plantea el decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile Pablo Ruiz-Tagle.

«Cómo legitimamos las instituciones, cómo le damos racionalidad al control del poder y cómo hacemos políticas públicas más razonables, son los objetivos que debemos buscar en el rediseño del sistema político», agrega. Y enfatiza en que para ello hay que flexibilizar la relación entre el Congreso y el Presidente, a fin de ir graduando el presidencialismo y poder avanzar hacia un parlamentarismo responsable.

Respecto de los organismos de control plantea que las atribuciones preventivas del Tribunal Constitucional son excesivas; que la Contraloría debería estar presidida por un órgano colegiado y que Los consejeros del Banco Central debieran ser objeto de acusación constitucional, «porque en un sistema democrático quien tiene poder debe tener responsabilidad política». 

Estos y otros temas aborda en la siguiente entrevista. 

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Diego Pardow

«Hay gente que le tiene temor a la página en blanco porque le conviene el status quo, pero hay que ponerse en el lugar de quienes están en la parte sacrificada del status quo y que obviamente quieren cambios», plantea Diego Pardow, académico del Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y codirector del programa Lexen.  Agrega que la clave es cómo ambas partes de la sociedad consiguen un acuerdo intergeneracionalmente sostenible.

Según Pardow, entrar en una discusión constitucional diciendo estos principios no los podemos tocar es hacer trampa: «Tenemos que partir desde un plano de igualdad, donde no tenemos nada asegurado».

Llama a desdramatizar el cambio de Constitución, pues hacer uno cada 40 años es compatible con un país donde hay estabilidad en las reglas del juego. Enfatiza que hay muchos temas de debate constitucional que no tienen que ver con el estallido social de octubre, que son transversales o exógenos, pero igualmente relevantes y abonan al cambio, como la globalización o el cambio climático, que inciden en las dinámicas sociales y en la forma en que se perciben los derechos: «Por ejemplo la migración, que nos hace replantearnos la idea de ciudadanía».

Considera factible tener una constitución con pocos derechos sociales y que estos se determinen a nivel legislativo. A su juicio uno de los problemas de la carta chilena es que entra en temas de organización industrial: determina quién provee los servicios. «Todas las constituciones dicen eso, pero la chilena establece que debe haber espacio para que los privados provean, y lo mismo en la salud. Yo creo que eso no es (materia) constitucional. Que los provea un privado o el Estado se debe definir electoralmente (…). Un gobierno de derecha debería estar en condiciones de privatizar la salud y uno de izquierda, de estatizarla».

De estos y otros temas habla en la siguiente entrevista.

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Guillermo Larraín

«No basta con una Constitución que permita el crecimiento, necesitamos una Constitución que también dé garantías de que los frutos se van a repartir de manera justa y sostenible», enfatiza Guillermo Larraín, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, codirector de Lexen; expresidente de BancoEstado y exsuperintendente de Valores y Seguros y de Pensiones. Arguye que el gran problema de la Constitución vigente es que no ha sido capaz de crear condiciones para que la institucionalidad evolucione en forma oportuna: «Estamos llegando tarde a los cambios».

Hace hincapié en que para entender el tema constitucional hay que reflexionar sobre el rol que juega la Constitución en una sociedad, que es enmarcar los comportamientos, las interacciones entre las personas, entre las personas y las organizaciones y entre estos y el Estado. Agrega que esta carta de navegación política, social y económica refleja las creencias: «Hoy la creencia de los chilenos sobre los derechos sociales debe tener un relato en la Constitución. Si hay una demanda porque la educación sea un derecho hay que incorporarla».

Respecto a la subsidiaridad del Estado plantea que en Chile esta se ha aplicado en la versión neoliberal que opone Estado y mercado, «lo que es una mala forma de entender la relación entre ambos». Pero que hay que enriquecer el principio de subsidiaridad con dos acepciones que enriquecen también a las políticas públicas: la que implica tratar de favorecer las soluciones cercanas al objeto del problema y que aboga por una descentralización, «que probablemente será uno de los objetivos del proceso constituyente»; y la que dice que hay que preferir soluciones simples por sobre las complejas, «porque cuando hay regulaciones o sistemas poco comprensibles para la gente se genera desconfianza, que es lo que destruye el capital social y la democracia».

Y sobre la propiedad, plantea que una Constitución debe dar todas las certezas que correspondan en el caso de bienes privados, pero que el problema está en el régimen de propiedad de los bienes comunes, a los que «en Chile, y en particular el agua, se le da un tratamiento demasiado parecido al de bien privado».

Sobre estos y otros temas conversa en la siguiente entrevista.

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