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Manuel Marfán

«Hay que aprender de las experiencias ajenas que demuestran que las constituciones son más bien para limitar los poderes del Estado y de los poderosos, que para garantizar derechos más allá de los básicos de las personas», plantea Manuel Marfán. Enfatiza que «poner todo como derecho para que después resuelvan los tribunales no es la forma de hacer una buena Constitución».

El exministro de Hacienda, exvicepresidente del Banco Central y actual investigador senior de Cieplan y director del Programa de Investigación e Innovación Social Cieplan-Universidad de Talca plantea que las cartas garantistas en general no han dado buenos resultados: «La brasileña (1988) estableció todo tipo de garantías y finalmente terminó en un desastre, con dos periodos de hiperinflación; y hasta hoy no logran salir de todos los problemas que generó, incluyendo la corrupción, que en parte también fue consecuencia de esa constitución».

Menciona el caso de Colombia, «que aún está relativamente más conforme con su institucionalidad, pero después de haberlo pasado muy mal. Ellos hicieron su reforma Constitucional en 1991 y yo diría que su gran gracia son las reformas que le han hecho, porque en 2001, una década después, todo estaba peor: la economía; el narcotráfico; la guerrilla había invadido más territorio; y el Ejecutivo no tenía capacidad de maniobra porque pasaba más tiempo en los tribunales que en el Congreso, y porque el narcotráfico lo había penetrado.

Marfán llama a desideologizar el debate del tamaño del Estado y a aprender más de la historia: «El principal determinante del tamaño del Estado y su cobertura no es una decisión ideológica. Tiene mucho que ver con el nivel de pobreza del periodo previo. En Estados Unidos, que no vivió las hambrunas y miserias de Europa, porque había falta de población y era receptor de inmigración, es más chico. En países como Alemania y Holanda, donde a pesar de la prosperidad hubo grandes hambrunas en el siglo XIX que dieron origen a las migraciones hacia América Latina, tienen estados de bienestar más grandes. Chile más bien se parece a países que se nutrieron de inmigración como Australia, Canadá o Estados Unidos», explica.

Asevera que las demandas que el sistema político enfrenta hoy son consecuencia de que la clase media relevó a los pobres como grupo mayoritario del país, lo que requería un cambio de estrategia social, política y económica, viraje que Chile no supo hacer a tiempo.

 «Las personas entienden que cuando viven grandes riesgos, el Estado tiene que jugar algún rol que no necesariamente es un rol contra el mercado, es un rol de enfrentar riesgos (…). El sistema de pensiones no existía antes del siglo XIX, es una innovación moderna para dar cuenta de las necesidades y la precariedad de la clase media, que es un fenómeno relativamente moderno», dice.
Estos y otros temas analiza en la siguiente entrevista.

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Valentina Durán

«Es relevante dotarnos de una nueva Constitución que establezca dentro de los fines del Estado la protección del medio ambiente, porque si una Constitución es un acuerdo social para las próximas décadas, no hay nada que tenga más que ver con el largo plazo que el desarrollo sostenible y enfrentar el desafío del cambio climático», argumenta Valentina Durán, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

En su opinión, el tema de los recursos naturales requiere un refuerzo constitucional, lo mismo que el régimen jurídico del agua: «¿Para qué están los recursos naturales? ¿Cuáles son los límites de su uso o explotación? ¿Pertenecen a la nación toda, son bienes comunes? ¿Los vamos a entender como prestados? ¿Cómo deben restituirse las concesiones de los derechos para usar recursos naturales? ¿Se va a permitir el uso de los recursos naturales de forma regenerativa, que los devuelvas como los encontraste o mejor? Esos son acuerdos que debemos discutir y que tiene que ver con el desarrollo de la economía, con si vamos a generar valor a través del uso de los recursos naturales y si podemos hacer distinciones entre los renovables y no renovables».

Valentina Durán explica que la Constitución del 80 estableció el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y que sobre esta base la Corte Suprema comenzó a definir el medio ambiente como todo lo que naturalmente nos rodea y que permite y condiciona la vida: la tierra, el aire, el agua. Pero el concepto fue evolucionado desde el punto de vista jurídico desde que la Ley de Bases del Medio ambiente de 1994 lo definió como un sistema en que confluyen elementos naturales y artificiales, incluyendo los socioculturales, el patrimonio arquitectónico, arqueológico y de modos de vida, entre otros.

Advierte que si bien cuando se promulgan las constituciones son solo palabras, empiezan a tener efecto en forma progresiva porque para cumplir con las garantías se necesitan recursos y que los distintos actores cumplan con las leyes que de ellas se derivan. «En todas las jurisdicciones donde hay estado de derecho, la jurisprudencia comienza a avanzar desde el momento en que la Constitución se hace cargo de determinados bienes jurídicos protegidos», dice.

Comenta que varias constituciones tienen disposiciones interesantes en materia ambiental, pero que no hay una que pueda citarse como modelo. En América Latina las de Ecuador y Bolivia ponen a la naturaleza como titular de derechos, lo que es algo nuevo y polémico: “Alguien puede decir que no se ha servido de nada porque se sigue destruyendo el Amazonas, pero es muy temprano para evaluar, aunque hay colegas estudiado el tema. En términos constitucionales los efectos en derecho y deberes no se ven en uno ni en cinco años”

Explica que distintas disposiciones de la actual Carta Fundamental chilena, y por cierto el catálogo de derechos del Artículo 19, tienen implicancias para el medio ambiente. En este último caso, por ejemplo, se habla de igualdad ante la ley, lo que dice relación con las llamadas zonas de sacrificio por cuanto las personas tienen derecho a ser tratadas de la misma forma por el Estado y por tanto a tener acceso a los mismos niveles de calidad del medio ambiente. También el derecho a la vida, salud e integridad física o síquica; y el derecho de propiedad están vinculados a un medio ambiente libre de contaminación.

Analiza estos y otros tópicos en la siguiente entrevista.

 

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Vittorio Corbo

«Cuando ya hay tantas cosas que no funcionan en Chile, para qué reformar lo que funciona», responde el expresidente del Banco Central Vittorio Corbo cuando se le pregunta si la autonomía del instituto emisor debiera revisarse en un eventual proceso de cambio de constitución. Argumenta que si bien esta institucionalidad autónoma «partió en el gobierno militar, el Banco Central se la ganó por la responsabilidad con que se ha manejado y hoy en uno de los mejor clasificados en el mundo. Nadie cuestiona su trabajo de 30 años». Postula que esta autonomía debe seguir estando consagrada en la Constitución.

Corbo dice que le preocupa que se empiece a pensar en que el BC debiera tener más objetivos: «Tiene la estabilidad de precios y del sistema financiero y para eso tiene los instrumentos. Yo prefiero un objetivo acotado. Para el desempleo o la pobreza hay un Poder Ejecutivo con ministerios».

Respecto a los derechos económicos, es partidario de que queden consagrados en la Constitución como una meta, pero que sea el sistema político a través de leyes quien defina las prestaciones: «Que no queden detallados en la Constitución para que después los jueces no empiecen a legislar».

También plantea que para que un Estado de Bienestar sea sustentable y eficiente debe ser consistente con los recursos que sea capaz de movilizar el país, con sus niveles de ingresos: «Muchos estados de bienestar han quebrado. En Grecia se aseguraban pensiones que no se podían pagar y el sistema terminó quebrado. Debemos tener más educación para los sectores más pobres; un sistema de previsión que tenga más elementos de solidaridad (…). Esas cosas hay que hacerlas, pero en forma responsable, gastando de acuerdo con los recursos que tengamos».

En cuanto al impacto del proceso constituyente en la economía dice que este dependerá de cómo se lleve a cabo: «Si es ordenado y la Constitución establece los lineamientos centrales y el resto se hace por leyes debería neutralizarse, pero va a haber incertidumbre hasta que no sepamos que trae. Si el proceso termina bien no hay duda de que será positivo para el país».

Estos y otros  temas aborda en la siguiente entrevista.

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