¿Podemos tener una Constitución Verde

04 de Septiembre, 2020


El derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación. Eso es lo medular que señala la actual Constitución sobre el tema ambiental. No existen conceptos como biodiversidadacción climática o justicia ambiental. Tampoco hay una sola línea sobre protección de territorios u océanos. De lo que sí se habla, en cambio, es del derecho a propiedad sobre los recursos naturales, como el agua.

La posibilidad de contar con una nueva hoja de ruta con un énfasis medioambiental más acorde a los tiempos ha provocado interés y reflexión tanto en la ciudadanía como en el mundo académico y los expertos en el tema. Los conversatorios, talleres -webinar es el concepto de moda- o lives de Instagram están a la orden del día y suelen incluir un par de preguntas que se repiten: ¿Basta el artículo 19 número 8 de la actual Constitución? ¿Se ajusta a la necesidad actual?

Los especialistas comentan que la Constitución del 80 fue innovadora para la época en términos ambientales y realizó un aporte relevante con ese artículo, pero también precisan que desde la perspectiva actual no es suficiente.

Según Dominique Hervé, directora del Programa de Derecho y Política Ambiental de la Universidad Diego Portales (UDP), una razón es que el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación está planteado desde una perspectiva individual y el tema ambiental es, por naturaleza, colectivo. Por otro lado, el abogado Ezio Costa señala que ese derecho debería abordar no sólo la relación entre las personas y el medioambiente, sino también la protección hacia el medioambiente por su valor intrínseco. “Por ejemplo, con una frase como ‘un medioambiente sano y ecológicamente equilibrado’”, señala el director ejecutivo de la ONG Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA).

Otro punto es la contingencia. Hoy existe una serie de términos y conceptos presentes en tratados internacionales, en las cartas fundamentales de otros países y en la propia legislación que podrían aparecer como principios, derechos o deberes en una nueva Constitución: desarrollo sustentable, justicia ambiental, participación ciudadana, acceso a información y justicia intergeneracional, entre otros. “La Constitución no es sólo un cuerpo jurídico”, dice Hervé. “También es el reflejo de una sociedad, de una cultura, y en la medida que incorporas esos elementos a la Constitución estás mostrando una sociedad distinta y que le da valor a esos temas”.

Hervé agrega que esos conceptos son considerados relevantes por la sociedad “independientemente de la mirada y de la ideología política” y que hoy son muy pocas las personas que no están de acuerdo con eso. “No tengo el temor de que no vaya a haber consenso y de que los 2/3 vayan a impedirlo. Lo difícil será entrar en cosas más específicas”, explica, pensando en la instancia constituyente. Además, Chile tiene actualmente la presidencia de la COP, es parte del Acuerdo de París para reducir las emisiones, y el actual gobierno promueve la carbononeutralidad al 2050, por lo tanto -agregan los expertos-, es realista pensar que en una nueva hoja de ruta se alineen esos objetivos.

Existe una tendencia mundial que seguramente también será parte de la discusión constituyente: los derechos de la naturaleza, que se refiere a consagrarla como sujeto de derechos en vez de considerarla un bien. Un ejemplo: desde marzo de 2017, el río Whanganui -el tercero más grande de Nueva Zelanda- tiene los mismos derechos y deberes que una persona, y sus intereses son representados por un miembro de la tribu maorí Whanganui y un delegado del Estado. Otros países, como Ecuador y Bolivia, tienen consagrado este derecho en la Constitución. “Creo que es un tema complejo, pero es una discusión necesaria igual”, dice la académica de la UDP. Por su parte, Florencia Ortúzar, abogada de la Asociación Interamericana para Defensa del Medio Ambiente (AIDA), dice que lo relevante es “quitarle a la naturaleza el rasgo de algo apropiable, como dice la actual Constitución. El lenguaje crea realidad”, señala.

El desarrollo sustentable puede ser interpretado en términos económicos como un camino en el que la maximización de los recursos del bienestar de las generaciones presentes no lleve a un declive en el bienestar futuro

Definición OCDE.

Otro tema que puede encender el debate constituyente es el balance entre el derecho a un medioambiente sano y el derecho de propiedad. ¿Cuál debería pesar más? “Una nueva Constitución es una posibilidad de reordenar nuestras prioridades: la naturaleza tiene que ir primero”, dice Ortúzar. “Por demasiado tiempo la naturaleza ha estado subsidiando a la actividad económica. Considerar que eso debe cambiar, más allá de ser una posición ética, es simplemente creer en la ciencia”.

Pilar Moraga, abogada e investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR(2), expone un ejemplo que clarifica ese dilema. Esto, a propósito de una solicitud de acceso a la información sobre uso de antibióticos en las salmoneras: “El Consejo para la Transparencia negó la información desagregada por empresas y se llegó al Tribunal Constitucional, que tuvo que poner en la balanza el secreto comercial de las compañías y el derecho a acceso a información en materia ambiental -en este caso, uso de antibióticos para que los consumidores sepan lo que comen-. Finalmente, el tribunal privilegió el secreto comercial de la empresa, es decir, frente a ese valor supremo que estableció la Constitución, el derecho a un medioambiente libre de contaminación quedó relegado a un segundo plano”.

Un caso como ese, dice Moraga, debiera incentivar a la sociedad para hacerse algunas preguntas antes de redactar una Constitución verde: ¿Cuál es el valor que le queremos dar al medioambiente? ¿Qué tipo de relación queremos tener con la naturaleza?

Las urgencias actuales
 

Esa reflexión se está dando con mayor intensidad y profundidad a nivel global, cuenta Isabel Behncke, desde Estados Unidos. La primatóloga y científica dice que existe una creciente preocupación por el cambio global y por las consecuencias de la destrucción de la biodiversidad, cuyos efectos estamos viendo más claramente ahora. “Esta pandemia, al igual que otras pasadas y futuras, ha sido causada por la zoonosis, es decir, por el traspaso de virus de animales no humanos a animales humanos. Las probabilidades de zoonosis aumentan por el mayor contacto que tenemos con animales salvajes y por la destrucción de los ecosistemas”, dice.

En esa línea, Bárbara Saavedra, directora en Chile de Wildlife Conservation Society (WCS), explica que nunca antes la humanidad tuvo a la mano una acumulación de conocimiento científico como el actual. “Al mismo tiempo, nunca antes esta misma humanidad se ha visto enfrentada a tal nivel de degradación de su entorno como la actual, cuyas expresiones más significativas y urgentes -no las únicas- son la pérdida de biodiversidad y el cambio climático”, señala. La bióloga agrega que la discusión sobre una nueva Constitución no puede darle la espalda a ese conocimiento y a la degradación ambiental que afecta a los chilenos cada día en todo el territorio nacional.

Ese es un factor relevante: la situación ambiental del país y del planeta no es la misma que en los años 80. Tampoco de los 90 ni 2000. Y Chile tiene urgencias en la agenda.

El deterioro ambiental y la presión sobre los recursos naturales fueron recogidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la segunda Evaluación del Desempeño Ambiental de Chile que realizó en 2016, donde ese organismo señala que “el modelo económico nacional basado en los recursos naturales ha empezado a encontrar sus límites” y que el crecimiento económico se ha acompañado de “presiones ambientales crecientes”. Desde la OCDE señalan a Tendencias que en sus estrategias de crecimiento y desarrollo a largo plazo, el país “debería incorporar plenamente el cambio climático y la crisis de la biodiversidad”.

En ese informe, el organismo realiza varias advertencias: dice que más de 4.000 personas mueren prematuramente cada año debido a enfermedades cardiopulmonares asociadas a la exposición crónica a material particulado fino (PM2,5), que la información ambiental en temas como el agua, los residuos, la biodiversidad y la calidad del aire continúa siendo inaccesible o incompleta, y critica que el costo económico impida el acceso a la justicia ambiental. No es todo: también recomienda mejorar la participación ciudadana en la evaluación ambiental de proyectos y dar prioridad a los usos esenciales del agua.

 
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